1.207 personas participaron de la consulta ciudadana sobre el anteproyecto de modernización del empleo público

En la región de Arica y Parinacota.

Una masiva consulta ciudadana realizada en enero de este año, en la que participaron más de 58 mil personas, arrojó que una amplia mayoría -93% de los funcionarios públicos y 85% de los ciudadanos consultados- cree necesario mejorar la calidad del empleo público para contar con un mejor Estado. La instancia, convocada por la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil, contó además con mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanía y con entrevistas con académicos y expertos.

A comienzos de año la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil encargaron a la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESUC) la realización de un proceso participativo para medir la percepción de la ciudadanía sobre un anteproyecto de ley de Modernización al Empleo Público. Con ese fin se realizó una consulta pública en formato electrónico, abierta a la ciudadanía entre el 7 y 28 de enero de 2021, que obtuvo una alta convocatoria y participación. En total, se recibieron 58.385 respuestas; de éstas el 58% correspondió a la participación de funcionarios públicos, y el 42% a personas que no desempeñan funciones en la administración del Estado. Adicionalmente, se recibieron 33.664 comentarios y aportes sobre las propuestas vía web, las cuales se sistematizaron y consolidaron y forman parte de un informe disponible en el sitio www.consultahacienda.cl, mismo sitio en que se hizo la consulta ciudadana, que se usará como parte de los insumos para la elaboración de un proyecto de ley.

Además de la consulta, la instancia participativa -cuya ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESUC) en conjunto con la Consultora Amable Chile- incluyó 10 mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanos y 8 entrevistas con expertos en materia de modernización, entre los que se cuentan exministros de gobierno; investigadores del ámbito público; líderes de opinión y personeros de organismos internacionales.

Uno de los principales resultados obtenidos en la consulta es que una amplia mayoría –el 90 % de los participantes- declaró que es muy importante avanzar en una reforma para mejorar la calidad del empleo público. Asimismo, el 85% percibe que la mejora en la calidad del empleo público impactaría directamente en el servicio entregado por el Estado a la ciudadanía.

El anteproyecto diseñado por el Ejecutivo para modernizar el empleo público contempla seis ejes que apuntan a (i) crear una nueva relación laboral entre los funcionarios públicos con el Estado, es decir, un contrato indefinido con indemnización; (ii) establecer el mérito como requisito de entrada al Estado, para que las contrataciones sean a través de concursos públicos;

(iii) dar mayores oportunidades de desarrollo laboral a los funcionarios, promoviendo la movilidad horizontal y realizando evaluaciones del desempeño más confiables; (iv) acotar los cargos de confianza política para que no intervengan en la carrera de los funcionarios de Estado;

(v) regular el teletrabajo en el sector público y (vi) sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual en los organismos públicos.

De estos ejes, los más prioritario para los consultados fueron la creación de contratos indefinidos y con derecho a indemnización y el establecimiento del mérito como requisito de entrada al Estado.

Principales conclusiones

Según los resultados, una de las iniciativas que genera acuerdo transversal, sobre todo a nivel de funcionarios, tiene que ver con simplificar, unificar y ordenar las modalidades contractuales de los funcionarios públicos. Hoy en el Estado coexisten al menos tres modalidades de empleo distintas: la planta, la contrata y los honorarios. Estas dos últimas son de carácter transitorio y no tienen derecho a indemnización en caso de despido. En este sentido, un 86% de los participantes de la consulta están de acuerdo o muy de acuerdo con la propuesta de otorgar un contrato indefinido a funcionarios públicos a “contrata” y “honorarios”. En tanto, el 91% de los consultados apoya el derecho a indemnización para los empleados públicos.

Por otra parte, un 95% de los participantes apoya la selección por mérito de los funcionarios públicos en base a sus competencias, a través de concursos abiertos, competitivos y transparentes. Recordemos que hoy, según cifras del Servicio Civil, solo en un 50% de los casos los servicios públicos realizan concursos para seleccionar al personal. Consultados respecto a la necesidad de establecer un periodo de prueba al integrarse al servicio público antes de una contratación definitiva, el porcentaje de apoyo llega a 82%.

El anteproyecto de ley también propone limitar la cantidad de cupos para el nombramiento de los asesores de confianza de cada Gobierno (nombrados por la autoridad por confianza política, sin necesidad de un proceso de selección) que no podrá superar el 1% de la dotación máxima autorizada en cada mes del año fiscal para la Administración del Estado. De esta forma se pretende limitar la discrecionalidad de los nombramientos. Al crear por ley una categoría de asesores de Gobierno, éstos tendrían responsabilidad administrativa, al igual que el resto de los funcionarios. Esta medida fue ampliamente apoyada, y contó con el respaldo de 87% de los participantes. En tanto un 80% de los participantes cree que los asesores de confianza deben cesar en su cargo automáticamente junto con la autoridad para no interferir en la carrera funcionaria del resto de los servidores públicos.

Un 31% de los participantes considera que hoy no existen oportunidades de desarrollo laboral en el Estado. Y, en ese sentido, un 85% considera necesario fortalecer los procesos de movilidad entre instituciones públicas (a través de concursos cerrados o internos) y un 93% de los consultados cree que se deben mejorar las evaluaciones de desempeño en el sector público, de modo que exista una relación directa entre las notas obtenidas en la evaluación y el servicio prestado al ciudadano, por ejemplo.

Para el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, “una de las conclusiones de este proceso participativo es que una gran mayoría de las personas (95%) considera necesario establecer el mérito y la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para el ingreso a la administración pública. Esa es la máxima que inspira esta iniciativa y detrás de la cual hay un apoyo transversal, de expertos, funcionarios públicos y de la ciudadanía en general».

En tanto, el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber señaló que “esta es una sentida reforma que ha sido postergada por décadas, y cuya finalidad es poder ofrecer un mejor servicio público, con la oportunidad y calidad que exigen los chilenos. Para ello los funcionarios públicos son imprescindibles y nos alegra que casi 34.000 funcionarios hayan sido parte de este proceso participativo y ciudadano. Ellos son la cara visible de un Estado que debe ser ágil para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía”.

El Seremi de Hacienda Pablo Arancibia Mattar, destacó “la participación en Arica y Parinacota respecto a la Consulta Ciudadana, realizada en enero de este año, que va a permitir con los resultados aportar al anteproyecto de modernización del empleo público”

La reforma al empleo público es un compromiso contenido en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y fue luego refrendado en la “Agenda de Modernización del Estado” que hizo pública el 25 de julio de 2019. Su propósito es “hacerles la vida más fácil a las personas” y priorizar las transformaciones que en el largo plazo permitan al Estado de Chile dar un salto cualitativo y sostenido, donde la igualdad de trato y la dignidad de la ciudadanía estén en el centro.

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